Author Archives: Joaquin Grau

Los abogados especialistas en negligencias médicas siempre recurren las sentencias

Los abogados especialistas en negligencias médicas siempre recurren las sentencias porque no les queda más remedio. En efecto, como ya hemos dicho en otro lugar de este blog, los casos de negligencias médicas, además de ser largos, son siempre difíciles. En este sentido lo normal es una escalada en la jerarquía de los tribunales, hasta llegar a los superiores. Es algo que, por el momento, no parece que vaya a resolverse ni a medio ni a largo plazo. Y esto no solo perturba a los abogados especialistas en negligencias médicas, sino y sobre todo, a los afectados por una negligencia médica.

En muchas ocasiones la justicia da la razón a este colectivo, sin embargo esto ocurre tras años de recursos y pleitos, escalando en la jerarquía de los tribunales, pasando de las audiencias provinciales a los tribunales superiores de las comunidades autónomas y, de ahí, al Tribunal Superior de Justicia, el cual tiene la última palabra al respecto. Es por ello que los abogados especialistas en negligencias médicas siempre recurren las sentencias, porque saben que mientras que este Alto Tribunal no se pronuncie no se ha dicho la última palabra, eso por un lado. Por otro, el o la afectada por una negligencia médica pasa un sufrimiento que no llega nunca a ser compensando con una indemnización. En todo caso esta sirve para paliar el perjuicio económico ocasionado a los afectados por las negligencias médicas.

No es de extrañar, que las asociaciones de víctimas y afectados por negligencias médicas proliferen, pues mientras que no se consiga la indemnización este colectivo está desamparado, sobre todo desde un punto de vista económico. En muchos casos este es el único modo que tienen para hacer frente a los gastos económicos que suponen los innumerables recursos que hay que presentar hasta que se dicta una sentencia favorable, en el mejor de los casos.

Si usted es víctima o se ha visto afectado por una negligencia médica no dude en ponerse en contacto con nosotros. Tras estudiar la viabilidad de su caso, nuestros abogados especialistas en negligencias médicas se pondrán manos a la obra, si procede, echando tantos recursos como sea necesario y escalando lo que haga falta en la jerarquía judicial. Si su caso es viable conseguiremos la máxima indemnización. 


Un abogado de negligencias médicas consigue una indemnización para su cliente

Un abogado de negligencias médicas consigue una indemnización de 121.158 para su clienta, que tendrá que pagar el SAS (Servicio Andaluz de Salud). En este caso se trata de una indemnización por incapacidad permanente total y por perjuicios económicos, provocado esto por una ablación en uno de sus globos oculares. El abogado de negligencias médicas pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente de Málaga.

La paciente acudió a su médico de cabecera, al notar que su visión en el ojo izquierdo era deficiente. Allí solicitó una cita con el médico especialista, el oftalmólogo. Al cabo de un mes aproximadamente acudió a su cita con el oftalmólogo, quien falló en el diagnóstico. La paciente, tras su visita al especialista, siguió perdiendo vista de forma progresiva, empezando a notar, además, dolor y pinchazos en su ojo izquierdo. Esto la llevó a acudir al servicio de urgencias, donde le diagnosticaron un desprendimiento de retina del ojo izquierdo. Allí fue ingresada y posteriormente ingresada, tras lo cual le dieron el alta médica.

Sin embargo la operación no surtió efecto. La paciente sufre al día siguiente de la operación una inflamación en el ojo izquierdo, además de dolores en el mismo lugar, lo que le lleva a volver acudir al servicio de urgencias, donde le dicen que continúe con el tratamiento postoperatorio prescrito. Este tratamiento no surte efecto, lo que lleva a la paciente a padecer una nueva operación para corregir un desprendimiento de retina con vítreo retinopatía proliferativa grado D en el ojo izquierdo y un desgarro de 270o.

De este modo, la paciente, en un primer momento fue víctima de un diagnóstico erróneo, tras lo fue intervenida quirúrgicamente sin ningún resultado, lo que la llevó a una nueva intervención quirúrgica. Esto ha llevado a los inspectores del SAS a reconocer la negligencia médica, lo que su abogado de negligencias médicas ha celebrado.

Si se ve en un caso similar al aquí relatado, no dude en contactar con nosotros, le atenderemos gustosamente y pondremos a su disposición un abogado de negligencias médicas.


Negligencias médicas.“Error y retraso en el diagnóstico. Resultado: Carcinoma de mama avanzado con metástasis por falta de petición de pruebas médicas protocolizadas en tiempo”.

La paciente acude a su ginecólogo habitual y especialista en Obstetricia y Ginecología, para enseñarle un pequeño quiste en el pecho. El facultativo diagnostica dicho bulto como una mama fibrosa, sin dar mas importancia, no indicando prueba de constatación a su diagnóstico alguna ni tratamiento para paliar dicho quiste. Dicha paciente se queda embarazada y a lo largo de las revisiones ginecológicas pertinentes, sigue indicando que el bulto tiene mayor tamaño y presenta dolor al tacto. El facultativo diagnostica ahora el bulto como una mastitis, también sin realizar ninguna mamografía ni prueba indicada y protocolizada en estos casos, recetando antibiótico.

Paralelamente, después del parto, la actora se realiza una pruebas rutinarias indicadas por el médico de cabecera por presentar en los análisis post parto una alteración en los valores hepáticos. En la ecografía hepática no se presentaba ninguna alteración del mismo, pero los valores siguen alterados. Pasados 8 meses del parto, la paciente regresa a la consulta del ginecólogo para volver a incidir en el quiste, pero el médico está de vacaciones , por lo que la atiende otro de los facultativos, que al ver el quiste le prescribe de inmediato una mamografía a realizar en el centro radiológico, una punción citológica y los demás actos médicos prescritos para una caso como éste. El diagnóstico final en fecha 19/Junio/2007 es un carcinoma de mama de9 cm, ductal en fase III, con metástasis de hígado en cuadrante externo.

i)                  Naturaleza de la responsabilidad; Omisión. Presupuestos de la responsabilidad.

El Médico responde por no actuar conforme a las normas de su especialidad y por no poner a disposición del enfermo todos los medios de diagnóstico, tratamiento y curación existentes y, además, por no actuar con la diligencia, la prudencia y la pericia exigibles a un profesional de la Medicina. Ladiligencia exigida a un profesional sanitario viene conformada por la lex artis o culpa profesional. Este estándar, más estricto que el general del “buen padre de familia”, viene determinado por el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que son conocidos, divulgados y aceptados por la profesión sanitaria y que conforman sus reglas de actuación frente a un paciente y su enfermedad.

Sentencias de 26 de marzo de 2004, 26 de mayo de 1986, 12 de julio de 1988, 17 de junio de 1989 y 7 y 12 de febrero de 1990, señalan que la obligación contractual o extra contractual del médico, no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo, es decir, no es  una obligación de resultado, sino una obligación de medios, es decir, está obligado, no a curar al enfermo sino a proporcionarle todos los cuidados que requiera según el estado de la ciencia; además, en la conducta de los profesionales sanitarios queda, en general, descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, sin que opere la inversión de la carga de la prueba, estando, por tanto, a cargo del paciente la prueba de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa, ya que a la relación material hemos de sumar el reproche culpabilístico, el cual puede manifestarse a través de la negligencia omisiva de la aplicación de un medio. Y así se ha estimado en aquellos casos en que se logró establecer un nexo causal entre el acto tachado de culpable o negligente o la omisión de los cuidados indicados y el resultado dañoso previsible y evitable, caso de las sentencias de 28 de diciembre de 1979, 28 de marzo de 1983 y 12 de febrero de 1990.

Atribuido al médico demandado un error de diagnóstico, éste viene constituido por el conjunto de actos médicos que tienen por finalidad constatar la naturaleza y trascendencia de la enfermedad que sufre el enfermo; de ahí que se considere ésta la primera actuación del médico, siendo también lo más importante, pues el tratamiento ulterior dependerá del diagnóstico previo. Para la exigencia de responsabilidad por un diagnóstico erróneo o equivocado, ha de partirse de sí el médico ha realizado o no todas las comprobaciones necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en el momento, para emitir el diagnóstico; realizadas todas las comprobaciones necesarias, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.

Cabe calificar la conducta profesional del  ginecólogo  demandado como negligente, al no haber realizado todas las pruebas médicamente recomendadas para llegar a un diagnóstico correcto del padecimiento que presentaba su paciente, ya que una conducta adecuada a la “lex artis” exige la realización de todas las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico que hubiese descartado sin duda la existencia de un carcinoma o, detectado éste, lo hubiera sido en un estadio precoz que hubiera permitido un tratamiento que llevase a la curación de la enferma o a un periodo mayor de supervivencia y por supuesto evitar el desarrollo de un cáncer metastático hepático.

ii)                La prescripción y la carga de la prueba de los elementos  de la responsabilidad.

La paciente tiene un año desde el fatal diagnóstico para interponer una demanda por daños al médico. La prescripción de la acción, debe basarse en entender que no se ha superado en este caso, el plazo de un año que se recoge en el articulo 142,5 de la Ley 30/92 para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

La regla procesal y material en el ámbito de responsabilidad sanitaria es que no se produce una inversión de la carga de la prueba, ni de la causalidad ni de la negligencia, que en cambio sí que se da en otras actividades de riesgo. Ejem:la STS, 1.ª, de 4 de febrero de 2002: STS, 1.ª, de 20 de marzo de 2001.

 

Sería decisión del Tribunal, si la aparición de una metástasis hepática, con las correspondientes consecuencias de un mayor número de intervenciones y posible afectación en la supervivencia de la paciente, corresponde aplicar la teoría de los daños desproporcionados, la cual constituye una excepción a la regla procesal antes mencionada.

Según esta teoría, se presume la causalidad y la negligencia en el acto médico cuando se produce un daño impropio del acto concreto y que sin una conducta negligente no se habría producido. Los tipos de daños manifestados son totalmente desorbitados en relación con los riesgos propios de la actividad médica concreta. Ejem:La STS, 1.ª, de 19 de julio de 2001.

 

iii) Teoría de la pérdida de la oportunidad. Conjunto de graves deficiencias y actividad en grupo

 

La teoría de la pérdida de la oportunidad pretende indemnizar aquellos daños derivados de una omisión. Si se hubiera evitado aquella omisión, se dice, el daño no se habría materializado. En el caso a estudio la omisión de las pruebas técnicas, conduce probablemente a una metástasis, que de haberse realizado en tiempo, un tratamiento en tiempo no había permitido el desarrollo de dicha metástasis.

 

Los problemas de configuración de esta teoría;  la definición de omisión y  la acreditación de unos daños que son hipotéticos, dado que, verdaderamente, aquello que se indemnizan son oportunidades perdidas, en este caso serían la pérdida de oportunidad que se vincula con un error de diagnóstico y de tratamiento, por lo que nos preguntamos qué habría ocurrido si la conducta hubiera sido diligente ( estaría o no desarrollada la metástasis).

 

Respecto a la actuación de la comadrona y su posible implicación en la omisión y error de tratamiento, hemos de tener en cuenta que los servicios sanitarios suelen comprender un conjunto de actividades aparte del tratamiento concreto, como el diagnóstico y el seguimiento, las cuales, están compuestas por una pluralidad de actos que no son realizados por una única persona, sino que intervienen otro tipo de personal sanitario: la mayoría de las prestaciones médicas son llevadas a cabo más en grupo que de manera individual, en este caso el ginecólogo y la comadrona.

La paciente podría utilizar en este caso la teoría del conjunto de deficiencias con el fin de imputar al centro sanitario la responsabilidad cuando se ha acreditado que el daño se produjo por el acto sanitario. Es evidente que las condiciones particulares y personales del médico no eran las mas idóneas para realizar su trabajo.

Ahora bien, la responsabilidad de las Administraciones públicas tiene su base en: i)  el principio genérico de la tutela efectiva reconocida en  el Art. 24 CE ii) en el Art. 106.2 CE al disponer que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos iii) en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa , que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial dela Administraciónson precisos los siguientes requisitos: i) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. ii) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. iii) Ausencia de fuerza mayor y

iv) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por su propia conducta.


En el transcurso de la clase de matemáticas del profesor titular de dicha asignatura, uno de los alumnos, 13 años, golpeó con una regla la cabeza de otro alumno, mientras otro estudiante, lo filmaba con su móvil. Además no era la primera agresión que sufría el alumno por parte de los mismos compañeros y que el golpe con la regla le provocó una herida que requirió tres puntos de sutura.

En primer lugar, hace falta identificar cuáles son los daños que se han producido. Por la descripción sumaria de los hechos, podemos encontrar dos supuestos diferentes:

 

a)      Agresión concreta: existe un daño físico al menor (herida), que puede traer asociados otras partidas de daños, en concreto, gastos médicos y un posible daño moral.

 

b)      Acoso: se puede entender que no se trata de una conducta única, sino que se enmarca en el contexto de una agresión continuada, que en los últimos años ha sido bautizada, en especial por los medios de comunicación, como acoso escolar o bullying escolar. En principio, pueden identificarse daños psíquicos y daños morales derivados del miedo y  la aprehensión causada por la intimidación continuada. Por ejemplo, la SAP Alaba (Secc. 1a) de 27 de mayo de 2005 establece pautas sobre el alcance de los daños en supuestos de acoso escolar: “según máximas de experiencia, a cualquier persona, y especialmente a una niña o adolescente, el padecimiento de actos de hostigamiento moral ejecutados por otras personas produce una sensación de impotencia, zozobra, indefensión, humillación, etc., y, según los estudios científicos sobre el bullying, los acosados se sienten avergonzados y su autoestima se destruye, dos estados de ánimo que pueden repercutir de forma negativa en la vida académica, social y familiar, e incluso puede generar en la víctima sentimientos de culpabilidad; situación que, sin duda, puede encuadrarse en el concepto de daño moral que ha elaborado el TS”.

 

Aunque las conductas descritas pueden ser calificadas penalmente, dado que han sido realizadas por dos menores de 13 años, no podremos acudir a las reglas de responsabilidad previstas en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (recientemente modificada por la LO 8/2006, de 4 de diciembre), ya que el art. 3 establece:

 

“Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”.

 

 

Los menores de 14 años, en efecto, quedan sometidos al régimen del CC. Sobre su posible responsabilidad civil,  los menores de edad pueden ser responsables civiles ex art. 1902 CC, aunque habitualmente con un estándar de negligencia atenuado.

 

La viabilidad procesal con más perspectivas de éxito es acudir a las reglas de la responsabilidad por hecho ajeno, por lo cual el responsable puede ser demandado sin ser el causante del daño. Aun así, en algunos supuestos la responsabilidad por hecho ajeno puede entenderse como una responsabilidad por hecho propio, dado que se han vulnerado deberes de vigilancia y control, o se han incumplido por debajo de los umbrales exigibles por el estándar de diligencia social.

 

En el supuesto en el que se demanda conjuntamente a los causantes del daño y al responsable, nos encontramos en una responsabilidad solidaria de los demandados.

 

En primer lugar, se puede reclamar contra el titular del centro docente (art. 1903.5 CC), cuya responsabilidad entra en juego cuando el menor o menores causantes del daño se encuentran o deben encontrarse bajo el control o vigilancia del profesorado del centro de enseñamiento no superior, realizando actividades escolares, extraescolares o complementarias.

 

Una cuestión clave, que no puede inferirse de la explicación hecha en el caso, es la distinción entre centros de titularidad pública y de titularidad privada (también en el supuesto de centros concertados).

Si el centro es de titularidad pública, está sometido de entrada a un criterio de responsabilidad objetiva, que significa que la Administración pública responderá por la simple causación de daños y con independencia de la diligencia ejercida (arte. 139 y ss. de Ley 30/1992, RJAPPAC)

Si el centro docente fundido de titularidad privada o concertado, se recurriría a un criterio de responsabilidad por culpa.

 

La posible responsabilidad de profesor, en el supuesto exclusivo de los centros privados, se puede fundamentar en reglas de responsabilidad directa y, dado que, un centro privado no deja de ser una organización empresarial, si el titular del centro docente es condenado al pago de una indemnización de daños y perjuicios, dispone, en virtud del art. 1904.2 CC, de una acción de repetición contra el profesor por las cantidades satisfechas, si este incurrió en culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

 

Podrá dirigirse también una pretensión de responsabilidad civil contra los padres de los menores causantes del daño (art. 1903.2 CC).

En cambio, si los menores fueran mayores de 14 años y se aplicara la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la solución sería diferente. Según el art. 61.3 de este texto legal:

 

“Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”.

 

 

Hechas estas observaciones, queda claro del artículo que podrán responder los menores y sus padres. Lo que resulta más dudoso es la posibilidad de demandar al profesor de matemáticas y al centro docente. Veámoslo a continuación:

Uno de los aspectos polémicos del artículo es la inclusión de los centros docentes o de su personal en la figura de los guardadores de hecho. Muchos autores creen que no deberían incluirse, básicamente, porque el artículo hace referencia a instituciones de derecho privado de responsabilidad parental o de guardia y custodia, que se alejan del rol de los centros docentes en sus funciones de vigilancia y control de los alumnos.

No obstando las críticas anteriores, algunas sentencias han entendido que los centros docentes están incluidos en la figura del guardador de hecho, como lo hace en efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Secc. 4ª, de 23.12.2003, que declaró responsables a los padres del menor y la escuela donde estudiaba por los daños causados por unas amenazas que había enviado por mensaje SMS a otro menor.

En cualquier caso, hace falta tener presente que, además del artículo citado, la reclamación se puede fundamentar en el art. 1903.5 CC, puesto que no puede obviarse la cláusula general de supletoriedad, contenida en el art. 4.3 del Título Preliminar del Código Civil.

De forma alternativa, también se puede articular la reclamación civil en la responsabilidad subsidiaria del centro docente de acuerdo con aquello que dispone el art. 120.3 del Código Penal, teniendo en cuenta la supletoriedad del Código Penal, establecida en la Disposición Final Primera de la LO de responsabilidad penal de los menores.

Esta última posibilidad es la utilizada en la sentencia ya mencionada de la Audiencia Provincial de Alaba, Secc. 1ª., de 27 de mayo de 2005, referida específicamente a un supuesto de bullying.

En esta sentencia se declara en contra de la alegación del centro docente de haber desplegado toda la diligencia de un buen padre de familia, conforme al artículo 1903 CC, que “es diáfano que no fue así, puesto que un buen padre de familia, desde una perspectiva responsabilizadora y de imposición de límites, fundamentos de cualquier planteamiento educativo, no puede permitir que unos niños sometan a un verdadero acoso escolar a otra niña…”.


Abogados negligencias en Madrid

Abogados Negligencias Médicas Madrid

Abogados expertos en la defensa de victimas y errores médicos y de negligencias médicas y odontológicas. Somos expertos en la reclamación de daños y perjuicios por errores de hospitales, clínicas y operaciones quirúrgicas.

¿Cuáles son los plazos para reclamar la NEGLIGENCIA?

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a computar es desde el momento en el que se constatan definitavente las secuelas , y en el caso de fallecimiento, lógicamente se empezará a computar desde que se produzca el mismo.
Partiendo de esta base tenemos que diferenciar si la negligencia ocurre en la sanidad pública o en la sanidad privada. Los plazos son:

– Sanidad Pública: un año.

– Sanidad Privada: 15 años.

Abogados negligencias.

¿QUE HACER SI HA SIDO VICTIMA DE UNA NEGLIGENCIA?

Son varios los pasos a dar tras haber sufrido una negligencia:

1º -Pedir a su hospital habitual que le entregue su historia médica.

2º-Enviar dicho historial al hospital o clínica donde se cometió la presunta negligencia. (Es muy frecuente que no quieran hacerle llegar la historia médica, si transcurrido un mes dsde que la solicitó , no la ha conseguido, póngase en contacto con nosotros)
3ºPedir, en caso que sea necesario, una minusvalía en la Consejría de Bienestar Social de su Comunidad Autónoma.
4º Las declaraciones de la renta del último año del paciente que ha sufrido la negligencia.

Si consigue toda esta documentación, más facil le resulatará a nuestros abogados conseguir una indemnización por la negligencia.

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Abogados negligencias A Coruña

Abogados negligencias en A Coruña. PLAZOS PARA RECLAMAR LA NEGLIGENCIA.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a computar es desde el momento en el que se constatan definitavente las secuelas , y en el caso de fallecimiento, lógicamente se empezará a computar desde que se produzca el mismo.
Partiendo de esta base tenemos que diferenciar si la negligencia ocurre en la sanidad pública o en la sanidad privada. Los plazos son:

– Sanidad Pública: un año.

– Sanidad Privada: 15 años.

Abogados negligencias. ¿QUE HACER SI HA SIDO VICTIMA DE UNA NEGLIGENCIA?

Son varios los pasos a dar tras haber sufrido una negligencia:

1º -Pedir a su hospital habitual que le entregue su historia médica.

2º-Enviar dicho historial al hospital o clínica donde se cometió la presunta negligencia.(Es muy frecuente que no quieran hacerle llegar la historia médica, si transcurrido un mes dsde que la solicitó , no la ha conseguido, póngase en contacto con nosotros)
3ºPedir, en caso que sea necesario, una minusvalía en la Consejría de Bienestar Social de su Comunidad Autónoma.
4º Las declaraciones de la renta del último año del paciente que ha sufrido la negligencia.

Si consigue toda esta documentación, más facil le resulatará a nuestros abogados conseguir una indemnización por la negligencia.

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