En el transcurso de la clase de matemáticas del profesor titular de dicha asignatura, uno de los alumnos, 13 años, golpeó con una regla la cabeza de otro alumno, mientras otro estudiante, lo filmaba con su móvil. Además no era la primera agresión que sufría el alumno por parte de los mismos compañeros y que el golpe con la regla le provocó una herida que requirió tres puntos de sutura.

En el transcurso de la clase de matemáticas del profesor titular de dicha asignatura, uno de los alumnos, 13 años, golpeó con una regla la cabeza de otro alumno, mientras otro estudiante, lo filmaba con su móvil. Además no era la primera agresión que sufría el alumno por parte de los mismos compañeros y que el golpe con la regla le provocó una herida que requirió tres puntos de sutura.

En primer lugar, hace falta identificar cuáles son los daños que se han producido. Por la descripción sumaria de los hechos, podemos encontrar dos supuestos diferentes:

 

a)      Agresión concreta: existe un daño físico al menor (herida), que puede traer asociados otras partidas de daños, en concreto, gastos médicos y un posible daño moral.

 

b)      Acoso: se puede entender que no se trata de una conducta única, sino que se enmarca en el contexto de una agresión continuada, que en los últimos años ha sido bautizada, en especial por los medios de comunicación, como acoso escolar o bullying escolar. En principio, pueden identificarse daños psíquicos y daños morales derivados del miedo y  la aprehensión causada por la intimidación continuada. Por ejemplo, la SAP Alaba (Secc. 1a) de 27 de mayo de 2005 establece pautas sobre el alcance de los daños en supuestos de acoso escolar: “según máximas de experiencia, a cualquier persona, y especialmente a una niña o adolescente, el padecimiento de actos de hostigamiento moral ejecutados por otras personas produce una sensación de impotencia, zozobra, indefensión, humillación, etc., y, según los estudios científicos sobre el bullying, los acosados se sienten avergonzados y su autoestima se destruye, dos estados de ánimo que pueden repercutir de forma negativa en la vida académica, social y familiar, e incluso puede generar en la víctima sentimientos de culpabilidad; situación que, sin duda, puede encuadrarse en el concepto de daño moral que ha elaborado el TS”.

 

Aunque las conductas descritas pueden ser calificadas penalmente, dado que han sido realizadas por dos menores de 13 años, no podremos acudir a las reglas de responsabilidad previstas en la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (recientemente modificada por la LO 8/2006, de 4 de diciembre), ya que el art. 3 establece:

 

“Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”.

 

 

Los menores de 14 años, en efecto, quedan sometidos al régimen del CC. Sobre su posible responsabilidad civil,  los menores de edad pueden ser responsables civiles ex art. 1902 CC, aunque habitualmente con un estándar de negligencia atenuado.

 

La viabilidad procesal con más perspectivas de éxito es acudir a las reglas de la responsabilidad por hecho ajeno, por lo cual el responsable puede ser demandado sin ser el causante del daño. Aun así, en algunos supuestos la responsabilidad por hecho ajeno puede entenderse como una responsabilidad por hecho propio, dado que se han vulnerado deberes de vigilancia y control, o se han incumplido por debajo de los umbrales exigibles por el estándar de diligencia social.

 

En el supuesto en el que se demanda conjuntamente a los causantes del daño y al responsable, nos encontramos en una responsabilidad solidaria de los demandados.

 

En primer lugar, se puede reclamar contra el titular del centro docente (art. 1903.5 CC), cuya responsabilidad entra en juego cuando el menor o menores causantes del daño se encuentran o deben encontrarse bajo el control o vigilancia del profesorado del centro de enseñamiento no superior, realizando actividades escolares, extraescolares o complementarias.

 

Una cuestión clave, que no puede inferirse de la explicación hecha en el caso, es la distinción entre centros de titularidad pública y de titularidad privada (también en el supuesto de centros concertados).

Si el centro es de titularidad pública, está sometido de entrada a un criterio de responsabilidad objetiva, que significa que la Administración pública responderá por la simple causación de daños y con independencia de la diligencia ejercida (arte. 139 y ss. de Ley 30/1992, RJAPPAC)

Si el centro docente fundido de titularidad privada o concertado, se recurriría a un criterio de responsabilidad por culpa.

 

La posible responsabilidad de profesor, en el supuesto exclusivo de los centros privados, se puede fundamentar en reglas de responsabilidad directa y, dado que, un centro privado no deja de ser una organización empresarial, si el titular del centro docente es condenado al pago de una indemnización de daños y perjuicios, dispone, en virtud del art. 1904.2 CC, de una acción de repetición contra el profesor por las cantidades satisfechas, si este incurrió en culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

 

Podrá dirigirse también una pretensión de responsabilidad civil contra los padres de los menores causantes del daño (art. 1903.2 CC).

En cambio, si los menores fueran mayores de 14 años y se aplicara la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la solución sería diferente. Según el art. 61.3 de este texto legal:

 

“Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”.

 

 

Hechas estas observaciones, queda claro del artículo que podrán responder los menores y sus padres. Lo que resulta más dudoso es la posibilidad de demandar al profesor de matemáticas y al centro docente. Veámoslo a continuación:

Uno de los aspectos polémicos del artículo es la inclusión de los centros docentes o de su personal en la figura de los guardadores de hecho. Muchos autores creen que no deberían incluirse, básicamente, porque el artículo hace referencia a instituciones de derecho privado de responsabilidad parental o de guardia y custodia, que se alejan del rol de los centros docentes en sus funciones de vigilancia y control de los alumnos.

No obstando las críticas anteriores, algunas sentencias han entendido que los centros docentes están incluidos en la figura del guardador de hecho, como lo hace en efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Secc. 4ª, de 23.12.2003, que declaró responsables a los padres del menor y la escuela donde estudiaba por los daños causados por unas amenazas que había enviado por mensaje SMS a otro menor.

En cualquier caso, hace falta tener presente que, además del artículo citado, la reclamación se puede fundamentar en el art. 1903.5 CC, puesto que no puede obviarse la cláusula general de supletoriedad, contenida en el art. 4.3 del Título Preliminar del Código Civil.

De forma alternativa, también se puede articular la reclamación civil en la responsabilidad subsidiaria del centro docente de acuerdo con aquello que dispone el art. 120.3 del Código Penal, teniendo en cuenta la supletoriedad del Código Penal, establecida en la Disposición Final Primera de la LO de responsabilidad penal de los menores.

Esta última posibilidad es la utilizada en la sentencia ya mencionada de la Audiencia Provincial de Alaba, Secc. 1ª., de 27 de mayo de 2005, referida específicamente a un supuesto de bullying.

En esta sentencia se declara en contra de la alegación del centro docente de haber desplegado toda la diligencia de un buen padre de familia, conforme al artículo 1903 CC, que “es diáfano que no fue así, puesto que un buen padre de familia, desde una perspectiva responsabilizadora y de imposición de límites, fundamentos de cualquier planteamiento educativo, no puede permitir que unos niños sometan a un verdadero acoso escolar a otra niña…”.


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